Afanada reforma de Abinader avance o retroceso

La propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader, particularmente la reducción del número de diputados, ha generado un debate profundo y justificado dentro de la sociedad dominicana. Muchos sectores consideran que esta iniciativa no responde a las verdaderas necesidades del país y, en lugar de representar un avance hacia una democracia más moderna y eficiente, podría significar un retroceso de al menos 20 años en términos de representatividad y participación política.

En un contexto donde la democracia participativa y la representación equitativa son pilares fundamentales del siglo XXI, la medida de reducir el número de diputados parece desconectada de las demandas actuales de la población. En un país con diversidad geográfica, social y económica tan marcada como el nuestro, reducir el número de curules podría traducirse en una disminución de la voz de las provincias más pequeñas o menos influyentes, afectando la capacidad de estas para ser escuchadas en el Congreso. Esto, en lugar de mejorar la eficiencia legislativa, podría generar un desequilibrio en la representación democrática.

Asimismo, es importante señalar que esta propuesta parece estar alejada de las verdaderas prioridades que enfrenta la nación, como la mejora de los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la creación de oportunidades económicas para todos los dominicanos. En lugar de enfocarse en reformas que fortalezcan la institucionalidad y promuevan el desarrollo de una democracia más inclusiva, esta reforma podría limitar la participación  y  reducir la pluralidad en el Congreso, elementos que son esenciales para avanzar hacia una política más representativa y acorde con los tiempos actuales.

En resumen, la prisa del presidente Abinader por impulsar esta reforma constitucional no parece estar alineada con las necesidades reales del pueblo dominicano. En lugar de catapultarnos hacia el futuro, este tipo de medidas podría atrasar el progreso democrático, limitando la capacidad del país para avanzar conforme a las demandas y desafíos del siglo XXI.