Fusión de ministerios ¿Un Intento de cubrir errores o una medida necesaria?

La reciente decisión del gobierno dominicano de fusionar ministerios y eliminar instituciones públicas ha sido presentada como un esfuerzo por mejorar la eficiencia del Estado y optimizar el gasto público. Sin embargo, desde otro ángulo, esta medida puede ser vista como una estrategia para cubrir errores previos en la administración de recursos y limitar la capacidad del Estado para atender las crecientes demandas sociales.

El gobierno ha sido criticado por el manejo ineficiente de los fondos públicos, con ejemplos recurrentes de despilfarro en proyectos que no han cumplido con las expectativas o han sido mal ejecutados. Las promesas de reformas, modernización y eficiencia en la gestión del Estado no han logrado traducirse en mejoras tangibles para la población. Es en este contexto que la fusión de ministerios y la eliminación de instituciones parecen más una maniobra para disimular la incapacidad de administración que medidas genuinas de mejora.

El hecho de que se pretenda liberar RD$20,000 millones para otras prioridades del Estado, si bien suena positivo, plantea preguntas sobre cómo se ha gestionado ese dinero hasta el momento. Si estos recursos no han sido utilizados de manera eficiente en el pasado, ¿qué garantías existen de que serán bien empleados en el futuro? ¿Es esta "optimización" más bien una cortina de humo para desviar la atención del despilfarro estatal?

La eliminación de instituciones y la fusión de ministerios no solo reduce la estructura administrativa, sino que también puede debilitar la capacidad del Estado para abordar problemas complejos y multidimensionales. Áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación requieren atención especializada y recursos dedicados. Al integrar estas áreas en otras entidades o eliminar completamente instituciones, el gobierno corre el riesgo de diluir su capacidad para atender eficazmente estos sectores clave.

Además, al reducir la estructura del Estado, se limita la posibilidad de que nuevas voces o enfoques puedan surgir para enfrentar los desafíos del país. Sin una estructura sólida y bien gestionada, el Estado podría volverse ineficaz ante las demandas sociales, y la población podría verse afectada por una menor capacidad de respuesta gubernamental.

A pesar del discurso de eficiencia, no se ha dado una explicación clara sobre cómo se evitaría que el dinero del pueblo siga siendo mal utilizado. Sin un cambio real en los mecanismos de transparencia y fiscalización del gasto público, sigue existiendo el riesgo de que los recursos continúen siendo mal administrados. La fusión de ministerios y la eliminación de instituciones podrían ser interpretadas como un intento de centralizar el poder y reducir la capacidad de auditoría y control, lo que facilita la continuidad en el mal uso de los fondos.

El plan del gobierno para fusionar ministerios y eliminar instituciones, lejos de ser una solución eficiente, puede ser percibido como una estrategia para encubrir la mala gestión de los recursos públicos. Si bien se presentan como acciones para mejorar la eficiencia del Estado, estas medidas pueden terminar limitando la capacidad del país para enfrentar sus retos y atender las necesidades de la población de manera efectiva. La verdadera solución no pasa por reducir la estructura del Estado, sino por una gestión más responsable, transparente y orientada a los resultados.