Depositan proyecto de ley para evaluar estructuras públicas y privadas

DIARIO EL MATERO, El senador Pedro Tineo depositó un proyecto de ley con el que busca crear el Sistema Nacional de Supervisión y Certificación de Obras Públicas y Privadas, para garantizar la continua evaluación de las infraestructuras que superen los 10 años de construcción. El legislador sometió el proyecto luego de la tragedia del pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, la cual ha provocado 231 muertes, y a raíz de los cuestionamientos de la sociedad al Gobierno por el deficiente “seguimiento y labor de verificación” que realizan las autoridades a las obras edificadas en el país.

La pieza, depositada el pasado martes, establece un procedimiento de supervisión que incluirá diversas etapas, las cuales comenzarían con la identificación de las edificaciones. Para esto, la ley contempla instaurar un Registro Nacional de Supervisión, centralizado y digital, de todas las “obras supervisadas, con los resultados, intervenciones y certificados emitidos”, habilitándolo a todos los sectores de la sociedad, “salvo algunas excepciones”.

La ejecución de la evaluación técnica incluirá una inspección visual de la estructura, externa e interna; revisión documental a planos estructurales, bitácoras, historial de intervenciones, entre otros reportes. Al igual que el personal técnico de esta dirección, que dependería del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), deberá desarrollar una prueba de materiales y resistencia estructural, “si se considera necesario”.

La evaluación concluirá con la realización de un diagnóstico técnico y clasificación de riesgos, si así lo certifican los hallazgos. El resultado, contenido en un informe detallado, evidenciará el “estado actual de la edificación, los riesgos identificados y las recomendaciones para mantenimiento, reparación o reforzamiento”.

Este será notificado al propietario o responsable de la edificación, colocando plazos y un seguimiento para asegurar la implementación de las recomendaciones. De acuerdo con el documento legislativo, luego de la inspección, este Sistema emitiría un certificado de condición estructural, con validez de dos años, que, por orden de la ley, debería estar “exhibido de manera visible en las edificaciones”.

Sin embargo, para poder ser renovado, la obra deberá recibir una “nueva inspección” por parte del órgano. “Cualquier ciudadano, entidad pública o privada podrá solicitar una inspección estructural a través del portal, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y pago de las tasas establecidas en el reglamento”, dicta el proyecto, otorgándole la atribución al MOPC de reducir las frecuencias de inspección en casos de zonas vulnerables o edificaciones de alto riesgo.

El incumbente de esta nueva dirección sería designado por el presidente de la República, a través de la emisión de un decreto. No obstante, el perfil será escogido de una terna integrada por “profesionales de reconocida competencia en ingeniería civil, arquitectura o áreas afines, con al menos 10 años de experiencia profesional y cinco en funciones públicas o académicas relevantes”.

Sanciones

En el apartado titulado “incumplimiento”, indica que se constituyen en faltas graves “negarse a permitir la inspección”, ocultar información significativa durante el proceso de supervisión, incumplir las recomendaciones emitidas, falsificar certificados o informes técnicos y exponer a terceros al uso de estructuras clasificadas como inhabilitadas.

Las sanciones para las faltas mencionadas serían multas administrativas desde 50 hasta 1,000 salarios mínimos del sector público, clausura temporal o definitiva de la edificación, la suspensión de licencias de operación y remisión al Ministerio Público en casos de dolo o negligencia temeraria.

Mientras que las sanciones complementarias serían la publicación de la infracción en “medios oficiales”, inhabilitación temporal para acceder a contratos públicos y notificación obligatoria a los seguros de propiedad.

Esta pieza aún debe ser conocida en dos lecturas en el Senado de la República y aprobada por la Cámara de Diputados, utilizando el mismo procedimiento, para convertirla en una ley.