Tensiones fiscales y políticas: reformas tributarias y exenciones en la República Dominicana

El contexto actual de la República Dominicana revela una aparente contradicción entre los esfuerzos r por aumentar las recaudaciones fiscales y las propuestas legislativas que buscan otorgar exenciones a distintos sectores económicos. Mientras el gobierno intenta recaudar 110,000 millones de pesos adicionales para paliar el déficit fiscal, el Congreso propone leyes que, aunque benefician a ciertos grupos, reducen significativamente la capacidad recaudatoria del Estado. El congreso solo trata de equilibrar y no llevar tanta carga a los sectores fundamentales que sustentan la economía nacional.

El debate sobre la eliminación del anticipo, una de las promesas de campaña de varios líderes políticos, entre ellos el propio Abinader, es uno de los puntos más discutidos. Si bien su erradicación aliviaría a ciertos sectores empresariales, especialmente a los emprendedores nóveles, en lugar de perjudicar el Estado lo que haría es que lo sinceraría debido a que la mayoría de las nuevas inversiones no progresan debido a los altos impuestos. 

A su vez, las propuestas legislativas para exonerar impuestos en áreas como la importación de embarcaciones de lujo, insumos médicos y equipos educativos, plantean beneficios específicos para sectores clave, pero también presentan un desafío para las finanzas públicas en un momento en que el país requiere aumentar sus ingresos, no reducirlos. 

La discusión sobre estas medidas refleja las tensiones entre la necesidad de impulsar sectores económicos y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado. Las decisiones que se tomen en este sentido tendrán un impacto directo no solo en la economía nacional, sino también en el desarrollo social y político del país, ya que el equilibrio entre recaudación y exoneraciones definirá el futuro de las finanzas públicas y la capacidad del gobierno para implementar políticas sociales efectivas.

Es crucial que los legisladores y el gobierno encuentren un balance entre promover el crecimiento de sectores estratégicos y mantener la estabilidad fiscal necesaria para continuar avanzando en términos de desarrollo social y político. Las exoneraciones, aunque beneficiosas para ciertos sectores, no deben comprometer la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades de la población en general.