DIARIO EL MATERO, Santo Domingo (EFE).- El Gobierno de República Dominicana admitió este lunes que hay un «vacío» en la ley sobre supervisión de las infraestructuras, pues no existe en ella la obligación de fiscalizar las que construye el sector privado, a propósito de la tragedia tras el colapso del techo de una discoteca en Santo Domingo que causó 231 muertes y más de 180 heridos.
«Hay un vacío en lo que respecta a la supervisión obligatoria de las obras privadas, no hay esa obligación, por lo que tenemos que tomar medidas especiales como la creación de un proyecto de ley que corrija esa situación (…), hay un vacío que tenemos que solucionar», dijo este lunes el presidente dominicano, Luis Abinader.
En su habitual rueda de prensa de los lunes, Abinader afirmó que el Gobierno y el pueblo de República Dominicana esperan que se haga «justicia» en cuanto a la responsabilidad de la tragedia, aunque acto seguido su consultor jurídico, Antoliano Peralta, indicó que «nadie puede prever el curso» que tome un proceso judicial y recordó que la Justicia tiene un protocolo propio ajeno al Poder Ejecutivo.
Fotografía cedida por la Presidencia de Republica Dominicana del presidente, Luis Abinader (c), durante una misa en honor a las víctimas de la tragedia. EFE/ Presidencia República Dominicana
La madrugada del martes pasado el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre las centenares de personas que disfrutaban de una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien perdió la vida en el lugar, al igual que uno de sus músicos.
De las 231 víctimas, 221 murieron en el mismo local -entre ellas el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de Montecristi (noroeste del país), Nelsy Cruz, y el diseñador Martín Polanco- mientras que otras 10 han fallecido en centros de salud.
Investigación de la tragedia en República Dominicana
Abinader enfatizó que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ha dado comienzo a un estudio para determinar las causas técnicas de la tragedia, «ya que el Gobierno y la población lo requieren».
Onesvie espera que en unos tres meses haya resultados sobre lo ocurrido en Jet Set, que ya en 2023 sufrió un incendio parcial en sus instalaciones.
Según informó esta entidad en sus redes sociales, en la investigación trabajan dos equipos de ingenieros, uno de ellos encargado de los levantamientos de restos y otro con las piezas «para luego reproducir el edificio como estaba, hacer un modelo igual, para posteriormente ponerle toda la carga que tenía en el techo, entre otras cosas», de acuerdo con el director general de la Onesvie, Leonardo Reyes Madera.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) dominicana ha abierto una investigación, como confirmaron este lunes a EFE fuentes del Ministerio Público.
Las fuentes agregaron que la procuradora general de la República, Yeni Berenice, instruyó a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de la capital dominicana para que lleven a cabo las pesquisas correspondientes.
En relación a esto, una de las hijas de Rubby Pérez, Zulinka, anunció que demandará a los propietarios del establecimiento al considerar que hubo negligencia.
Solidaridad y apoyo
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ofreció este lunes en Santo Domingo todo su apoyo a República Dominicana tras la tragedia en la discoteca, un suceso que ha hecho que su corazón esté «completamente roto».
«Voy a ofrecer mi asistencia, hacer todo lo posible para prevenir que algo así suceda de nuevo», afirmó Adams, quien expresó el amor y la solidaridad de su ciudad con República Dominicana, para añadir: «No solo soy el alcalde de Nueva York, soy tu hermano, y tu hermano está de luto contigo y sufre contigo».
Adams, de visita en Santo Domingo, acudió este lunes al local nocturno, donde se paró ante las velas que depositan a sus puertas los dominicanos, contempló fotografías de las víctimas y leyó algunos de los mensaje dirigidos a ellas, antes de acceder al interior de lo que queda de la discoteca.
Un lugar que, tras lo ocurrido, algunas instituciones y legisladores han solicitado al Poder Ejecutivo que se declare de utilidad pública para construir en sus terrenos un memorial al que las familias de las víctimas y la población en general puedan acudir a recordarlas.
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